También en este caso surge, en primer lugar, la pregunta de qué significa realmente la inclusión en el ámbito laboral. Ante todo, significa que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, deben tener las mismas oportunidades en el mercado laboral. Se trata también de una cuestión de actitud de los empresarios hacia los trabajadores. A menudo, el motivo es el temor a que una persona con discapacidad no sea tan productiva como alguien sin discapacidad. En muchos casos, esto se debe a un cierto desconocimiento sobre el alcance real de la discapacidad y también sobre la capacidad de compensación de la persona. Esto suele llevar a que se subestime la capacidad de rendimiento de las personas con discapacidad.
Por supuesto, toda limitación conlleva también desventajas concretas. No obstante, para garantizar la igualdad de oportunidades, es necesario crear en el lugar de trabajo estructuras que permitan al trabajador desempeñar su función de forma óptima. En muchos casos, puede tratarse de pequeños ajustes, como en mi caso una simple lupa o la impresión de documentos con letra más grande. Si son necesarias medidas de mayor envergadura, como reformas o la adquisición de medios auxiliares costosos, se puede recurrir a la Oficina de Integración, que se hace cargo de los costes total o parcialmente.
¿Y por qué es tan importante la inclusión?
También en este caso, el aspecto social ocupa un lugar destacado. Una sociedad que se ha propuesto integrar a las personas con discapacidad debe hacerlo también en el ámbito laboral. Y es que este forma parte de la vida cotidiana y de la vida social de todos nosotros. Quien no tiene la posibilidad de desempeñar una actividad dentro de los límites de su discapacidad, tampoco está integrado.
Otro aspecto positivo de la inclusión en el lugar de trabajo es la salud mental de las personas con discapacidad. Sin duda, una parte importante de la rehabilitación consiste en afrontar los límites de la propia capacidad. Pero chocar una y otra vez contra esos límites supone, a la larga, una carga que puede afectar negativamente a la moral laboral y a la salud de la persona. Por poner un ejemplo personal: cuando, en mi trabajo como fisioterapeuta, tengo que preguntarle a un paciente cuál es el diagnóstico del médico porque no consigo descifrar lo que pone en la receta, me topo de lleno con una limitación que se podría sortear con una simple lupa. Además, la confianza del paciente se ve mermada porque doy la impresión de estar desorganizado. Dañar de esta y otras formas similares la propia reputación y, posiblemente, la de toda la empresa, puede suponer en determinadas circunstancias una pesada carga que se puede evitar fácilmente mediante un entorno de trabajo inclusivo.
Por último, la cuestión financiera desde el punto de vista del Estado. No desde el punto de vista del empresario, ya que este puede recuperar la mayor parte de los costes derivados de la inclusión. Sin inclusión, es posible que una persona con discapacidad no tenga ninguna oportunidad en el mercado laboral ordinario. En su lugar, las únicas opciones que le quedan son los talleres protegidos o, directamente, una pensión. Ambas opciones suponen una carga económica permanente para el Estado y, por tanto, para el contribuyente.
Por otro lado, una posible reconversión profesional, dependiendo de la discapacidad y de la adaptación del puesto de trabajo, también supone un coste elevado. Sin embargo, a la larga, la balanza se inclina rápidamente a favor de la inclusión, ya que gracias a ella cada persona se convierte en un engranaje funcional de nuestra maquinaria económica, gana dinero, paga impuestos y vuelve a gastar el dinero que ha ganado, reincorporándolo así al ciclo económico. Una situación en la que todos salen ganando.
